El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, advirtió este viernes que a partir del próximo dos de agosto podría generarse una situación social y jurídica de caos en el país, ya que en esa fecha vence el plazo de dos años que el Tribunal Constitucional otorgó al Congreso Nacional para que legislara sobre el otorgamiento de la Fuerza Pública.
Este plazo fue otorgado tras declarar inconstitucional la intervención y ordenanza dictada por el Ministerio Público para reglamentar el procedimiento para ejecución de sentencias, embargos y títulos ejecutorios, señaló el legislador en una nota de prensa.
«Sometimos un proyecto de ley para cumplir con el mandato del TC. Se logró un gran consenso en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Justicia; se consensuó con la Suprema y se procuró el visto bueno del procurador general de la República; se aprobó de urgencia en dos lecturas y se le envió al Senado. Al vencerse la legislatura y no conocerse dicho proyecto de ley, el país corre el riesgo de que a partir del 2 de agosto empiecen ejecuciones de sentencias de pagaré notarial, de embargos practicados por alguaciles y partes persiguientes, sin que exista una regulación de otorgamiento de fuerza pública. La situación podría ser muy grave», expresó el diputado Castillo Semán.
«Las actuaciones de alguaciles y de partes persiguientes sin fuerza pública puede generar un caos social y jurídico; cumplimos con hacer la advertencia e hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para cumplir con la decisión del TC y dotar a tiempo al país antes del vencimiento del plazo de una legislación adecuada y efectiva», concluyó Castillo Semán.
