Aún cuando el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, ha declarado que la decisión o no de una modificación constitucional está en manos del ex presidente Leonel Fernández, el asunto no parece ser ni verdad ni tan sencillo.
Y no lo es por una serie de circunstancias que deben darse para emprender una tarea de la magnitud de una reforma que permita la reelección presidencial consecutiva, que si bien recibe el beneplácito nominal de algunos sectores, eso sería hasta que se concretice el proyecto.
Hace unos días, cuando la Cámara de Diputados aprobó en primera sesión el proyecto de ley de organizaciones políticas, se produjo un movimiento que muchos pasaron sin advertir su importancia en las circunstancias actuales que vive la República Dominicana.
Me refiero al hecho de que el PRD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) lograran coincidir y aprovechando la reacción de sectores de la llamada sociedad civil, evitaron que el proyecto se conociera en segunda lectura.
Tras esa coincidencia de propósitos entre dos fuerzas que se contraponen, el Partido de la Liberación Dominicana, patrocinador de la pieza legislativa, decidió retirarla y entrar en negociaciones.
Lo que quiero resaltar es que si el PRD y el PRM pusieron sus diferencias a un lado y aunaron sus voces para evitar la aprobación de la ley de partidos sin consenso, hay que suponer su actitud en caso de que se presentara en el Congreso una iniciativa tendente a modificar la Constitución de la República para reponer la reelección presidencial consecutiva.
El trance para conseguir los votos suficientes para modificar la Carta Magna sería difícil, si tomamos en cuenta que el líder del PRD, Miguel Vargas Maldonado, se puede considerar coautor de la enmienda constitucional que en 2010 prohibió la reelección.
Vargas Maldonado ha reiterado su oposición a la enmienda constitucional, precisamente por tratarse de un tema que él abordó con el entonces presidente Leonel Fernández y que el ya candidato presidencial del PRD reivindica como un reconocimiento al extinto líder perredeísta José Francisco Peña Gómez.
¿Está Vargas Maldonado en capacidad de controlar su bancada si se produjera la declaratoria de la necesidad de reformar la Constitución?
Es una interrogante muy difícil de responder en estos momentos, primero porque el tema de la reforma constitucional no ha pasado de declaraciones mediáticas, y segundo, porque en el ambiente parlamentario se juegan muchos intereses que no siempre responden a la prioridad de los lideres.
En cuanto a la bancada del PRM, también cabría la pregunta, y por igual se le aplicaría la duda, ya que muchos de los legisladores de esa corriente tendrían dificultades para hacerse nuevamente de un curul, y pudieran sentirse alentados a sucumbir a cualquier tentación, aunque se duda que el presidente Danilo Medina pueda consentir en que se busque una enmienda mediante el soborno.
Aunque, hablando recientemente con un dirigente del PRM fue sincero y advirtió que ante tal eventualidad ni Hipólito Mejía ni Luis Abinader estarían ciento por ciento seguros de que sus legisladores pudieran mantenerse incólumes a un intento de soborno.
En conclusión: mi razonamiento adonde quiere conducir es a poner de relieve el hecho de que en la discusión de la ley de organizaciones políticas, PRD y PRM, protagonistas de una reciente división casi cruenta, se hayan puesto de acuerdo para impedir la aprobación de una legislación menor, lo cual indica que aun para cuestiones coyunturales son capaces de coincidir, máxime cuando se refiere a un tema crucial como sería la enmienda constitucional.
De ahí lo escabroso que resultaría modificar la Constitución, si para lograrlo—aun con todo el PLD de acuerdo–, se tendrían que tocar las puertas de las formaciones opositores que conservan las llaves.
