Por Humberto Salazar
Cuando vemos con el furor y el fanatismo que reaccionan algunos ante la decisión del juez José Alejandro Vargas de declarar inadmisible, por fallas en el procedimiento, el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y la constructora brasileña Odebrecht, tenemos que rememorar el fraude bancario más grande que se ha producido en la historia de la República Dominicana, aquel del BANINTER y «todas sus posibilidades».
Esto porque al parecer algunos tienen tan mala memoria, que se olvidan fueron protagonistas en la defensa de un caso donde los acusados y posteriormente condenados, se dieron la «dolce vita» a costa de los ahorros de los que depositaron en ellos su confianza y lo único que nos quedó como contribuyentes es la deuda cuasi fiscal del Banco Central que cada año nos cuesta sobre los 50 millones de pesos.
Y ante la demanda de que se lleve el caso de los sobornos de Odebrecht hasta las últimas consecuencias, con las cuales estamos todos de acuerdo, deberíamos también plantearnos que puede tener de malo o perverso, que la República Dominicana cobre lo que manda la ley en casos de sobornos, el doble de la suma confesada, y que lo haga en un tiempo menor que incluso los países que llevaron la parte mas importante de la investigación que son los Estados Unidos, Suiza y Brasil.
En el caso del BANINTER, se llevó a los culpables a la justicia penal, se realizó un juicio que los condenó a 10 años de cárcel, todos están libres y en sus casas en libertad condicional, después de haber cumplido 5 años, y lo que queda de este tema es el recuerdo de lo que ocurrió, la riqueza de los abogados que intervinieron y la deuda que adquirimos todos los dominicanos que somos los que todavía pagamos la francachela y la vida loca que llevaron algunos con el dinero de otros.
Por lo menos en el acuerdo entre la PGR y Odebrecht, el país se agencia el pago de una suma millonaria en dólares, un plazo para el pago de solo 8 años, frente a los 20 que les tomará al resto de países en cobrar las multas, y solo tiene que garantizar el cese de la persecución penal a los ejecutivos de la compañía brasileña, dejando al resto de sobornadores y sobornados a merced de las investigaciones e informaciones que garantizó la justicia brasileña entregar en el mes de mayo de este año.
Es decir, antes que deber y entregar recursos de nuestros bolsillos para el disfrute de abogados postulantes en los tribunales de la República, a los únicos que conviene enredar todo este proceso para sacar jugosas ganancias de la defensa o acusación en este tema, recibiríamos como país una suma importante y sin tener que litigar, ya lo dice el refrán: «es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito».
Y de todos modos no sabemos a quien podríamos perseguir penalmente si es que el país decidiera perseguir por la vía penal a Odebrecht como empresa, ya que el presidente y máximo responsable de esta, el señor Marcelo Odebrecht, esta preso en su país y condenado a 19 años y medio de cárcel, acusado y condenado por la trama de corrupción denominada Lava Jato.
La otra persona que representa a esta compañía, Emilio Odebrecht, quien es el padre del primero y fuera presidente de la firma, también esta condenado a 4 años y medio de prisión domiciliaria, después haber confesado su participación en el escándalo de Petrobras, en este momento se encuentra en libertad dentro de un plazo que se le dio para reorganizar la empresa y evitar el cierre de sus operaciones.
Entonces, a quién es que vamos a acusar en la República Dominicana o vamos a perseguir si desechamos un acuerdo económico, cuando los principales directivos de la empresa brasileña se encuentran fuera del alcance de la justicia dominicana y con el pago de lo que estipula la ley, queda resarcido el delito de soborno y queda el país con las manos libres para actuar en contra de los funcionarios, si los hay, que recibieron los sobornos confesados en el acuerdo depositado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Es decir, la posibilidad de que el país obtenga algún beneficio por este caso, dependerá de «cobrarle alante» a los brasileños y comprometerlos, como lo ha hecho la PGR en el acuerdo, a que entreguen toda la información privilegiada, que hasta este momento se mantiene dentro del secreto del sumario en Brasil, que podría llevarnos hasta los culpables de varios delitos relacionados con la corrupción en el ejercicio de un cargo público.
Esta es la razón por la que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió ayer a los que tomaron dineros de Odebrecht, es decir, a los sobornados en la República Dominicana, que no celebren antes de tiempo, porque ese organismo de la justicia dominicana, los identificará por medio de las investigaciones que se encuentra realizando, y se logrará que la compañía brasileña, tal como lo ha hecho en su país de origen, identifique a los que participaron en estos hechos delictivos.
Si lo único que ganamos con «todas las posibilidades» fue un grupo de abogados que se hizo rico, representado a acusadores y acusados en un juicio penal que dura varios años, porqué entonces no ganar para el país una suma considerable, lo único que puede probarse en este momento porque es una confesión de la propia Odebrecht, y dejemos que el caso «siga su agitado curso».
