Por Humberto Salazar
En el día de hoy se anuncia la realización de una marcha de médicos desde la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia hasta el Palacio Nacional, el motivo es un conflicto que dice tener el Colegio Medico Dominicano con las administradoras de riesgos de salud (ARS) por un tema de tarifas, recetas y contratos.
Pero también en el día de mañana se habla de que los promotores del llamado «libro verde» (que por el color suponemos se lo comerán los burros), irán en caravana hacia el Palacio Nacional a depositar las firmas que colectaron, dizque para pedir que la justicia dominicana deje en manos de extranjeros el tan manoseado caso Odebretch.
Asimismo escuchamos al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, decir que el presidente de la República, Danilo Medina, es posible que se refiera al tema de los sobornos de la compañía brasileña en su discurso de rendición de cuentas el próximo 27 de febrero.
Nos imaginamos que como respuesta a los que tanto insisten en que nuestro presidente hable de un tema, que para nada compete al poder que el representa, excepto que sea para dar garantías de que el ejecutivo ofrecerá todas las garantías y requerimientos que pidan los representantes de la sociedad y los jueces de la República.
Estos son ejemplos de como en nuestro país, nos planteamos centralizar todo el poder en una sola figura, como si viviéramos la época del absolutismo de Luis XVI, quien proclamaba a los cuatro vientos: «el Estado soy yo», que no es el caso del estado democrático y de derecho que intentamos construir los dominicanos.
En ninguna parte del artículo 122 y siguientes de la Constitución dominicana, donde se define y describen las atribuciones del Presidente de la República, señala sus atribuciones, sus deberes y derechos, dice que Danilo Medina, quien en la actualidad a nombre del pueblo ejerce esta función, debe intervenir en los asuntos antes mencionados.
¿Qué tiene que ver el Poder Ejecutivo con los contratos privados de médicos y ARS? Pues absolutamente nada.
Hacer una marcha de médicos hacia el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, para que este intervenga en un conflicto contractual entre dos partes, algo que es privativo del derecho civil y que debe ser discutido exclusivamente por los interesados, es un ejercicio de ignorancia de la forma en que se organiza el Estado y la imposibilidad de intervención del gobierno en este tema.
Imaginémonos si el gobierno tuviera la posibilidad de intervenir y decidir en forma particular en los contratos de trabajo de los profesores de las escuelas y universidades privadas, los empleados de las tiendas privadas, los empleados de la banca privada, es decir, esta marcha de los médicos hacia el Palacio es un extremismo típico de los ignorantes.
Lo mismo sucede con el «libro que era verde y se lo comieron los burros», llegar con las firmas colectadas por grupos anónimos de la «suciedad incivil», pero financiados por políticos adversarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, al Palacio Nacional, es sencillamente no comprender que la Presidencia de la República no puede, porque lo impiden la Constitución y las leyes, intervenir en los asuntos que corresponden al Poder Judicial.
No solo eso, no hay posibilidad ninguna, de que lo que piden estos señores alguien lo pueda cumplir en el país o el extranjero, simplemente es una pérdida de tiempo absoluta el pedir que la justicia dominicana, representada por los fiscales y los jueces, se despojen de la soberanía que les otorga la Constitución y se la entregue a un extranjero, que es lo que piden los tontos útiles que firman el ¨libro verde¨, ya que si lo hiciera violaría todo el soporte jurídico de la nación.
Algo así no esta contemplado en el Código Penal dominicano y ni siquiera en la Convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción, que en el capitulo cuatro, donde versa sobre la soberanía, dice claramente que se preserva el derecho soberano de las autoridades nacionales de ejercer su autoridad dentro del territorio de los estados que firmaron dicho documento, entre los que está la República Dominicana.
Y en cuanto a la obligación del presidente Danilo Medina, de referirse al caso Odebretch el próximo 27 de febrero, no sabemos cual puede ser el aporte del primer mandatario de la Nación a este tema, ya que cuando se publicó el acuerdo entre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la empresa Odebretch, este comisionó a una serie de personalidades para que investigaran el tema de la licitación de las plantas de Punta Catalina.
Y esta comisión, que preside Agripino Núñez Collado, aun está en la fase de contratación de la empresa independiente que debe revisar la licitación y emitir un informe, el cual suponemos será entregado al país y a los medios de comunicación tan pronto esté listo, lo que quiere decir que cualquier opinión del Presidente Medina en esta etapa, será extemporánea e incompleta, pues no se le ha entregado el informe sobre ese tema.
Pero también, en el caso de las demás acusaciones de sobornos en el tan sonado caso Odebretch, no sabemos que puede aportar Danilo en su discurso de rendición de cuentas el próximo 27 de febrero, que no sea la promesa de colaboración, ya que el tema está en manos de la Procuraduría General de la República, lo que quiere decir que las decisiones se tomarán dentro del ámbito del Poder Judicial, no exactamente del Poder Ejecutivo.
A ver si vamos dejando la costumbre de que todos los temas deben pasar por las manos y la decisión de la Presidencia de la República, que no tenemos un sistema de gobierno monárquico sino democrático, después nos quejamos de que hasta para mover un alfiler hay que recurrir a la figura presidencial, y eso simplemente es una muestra de atraso institucional inaceptable.
